Archivo de Protocolos de Granada

En los primeros siglos de vida de la institución, los protocolos se conservaron en los oficios de los escribanos. Situación que en Granada comenzó a observarse a partir de 1500, fecha en la que los Reyes Católicos concedieron a la ciudad, por Carta de Real Merced, veinte escribanías del número. Desde ese momento, hasta la Ley del Notariado de 1862, la custodia de los protocolos estuvo sujeta a las directrices marcadas por los diversos textos jurídicos que, durante toda la Edad Moderna, regularon su conservación. En concreto, la Pragmática de 12 de julio de 1502, ratificada en 1534 y 1548, que obligaba a los escribanos a guardar los registros de sus antecesores, teniéndolos siempre a buen recaudo, “cosidos conforme a la ley”, según sancionaban distintos textos jurídicos publicados en 1525 y 1532.

Desde estas fechas hasta 1862, sólo hubo en Granada un intento fallido de fundar, en 1707, un Archivo Central de Protocolos, siguiendo la estela dejada por el también fallido intento de crearlo en Madrid.

Sería la Ley del Notariado de 1862 la que impulsaría, definitivamente, la creación de Archivos de Protocolos, al establecer como principio básico que: “los protocolos pertenecen al Estado y los notarios los conservan, con arreglo a las leyes, como archiveros de los mismos y bajo su responsabilidad”. Partiendo de esta declaración, el artículo 37 de la citada Ley determinó el establecimiento en cada Audiencia Territorial de un Archivo General de escrituras públicas, al que pasarían los protocolos de ese territorio que superaran los 25 años de antigüedad. Y aunque estos archivos no llegaran a materializarse como hubiese sido deseable, es incuestionable que la nueva Ley erradicaba la transmisión patrimonial de los protocolos a los titulares que se iban sucediendo en las escribanías, condición previa a cualquier proyecto viable de Archivo de Protocolos.

Más eco tuvo el Decreto de 8 de enero de 1869 que ordenó la formación de Archivos Generales en las cabeceras de los distritos notariales, con la misión de custodiar los protocolos con más de 30 años de antigüedad y recoger los que estuviesen en poder de los notarios, corporaciones o particulares. Primeras medidas a las que vendría a sumarse la Real Orden de 1875, por la que se declaraba obligatorio el cargo de notario-archivero. En el caso de Granada, tan positivas disposiciones se verían trágicamente truncadas por un fatídico suceso: el incendio, en la navidad de 1879, de la Casa de los Miradores, edificio que albergaba el Archivo de Protocolos del distrito notarial de Granada, entre cuyos fondos se hallaban los protocolos centenarios de la ciudad. No obstante, y a pesar de todo el camino andado, habrá que esperar a la publicación del Decreto de 12 de noviembre de 1931 para que, ya sin posibilidad de vuelta atrás, los protocolos históricos quedaran integrados en Archivos Históricos específicos, al ordenarse en el citado Decreto la creación, en las capitales de provincia, de los Archivos Históricos Provinciales, con la misión de recoger los protocolos que superaran los 100 años de antigüedad.

Con posterioridad a su publicación, otro Decreto fechado el 12 de enero de 1939, volverá a incidir sobre esta cuestión, fijando ya las distintas fases de Archivo que deberían recorrer los protocolos:

- En primer lugar, cada notario debería tener un archivo propio formado por los protocolos con menos de 25 años, fuesen suyos, fuesen de sus antecesores.
- Tras esta fase, los protocolos cuya antigüedad se enmarcase entre los 25 y los 100 años, pasarían al Archivo de Protocolos de Distrito, a cargo del Notario-Archivero.
- El Archivo Histórico Provincial recogería, en aquellas provincias que no fuesen sede de Colegios Notariales, los protocolos con más de 100 años de antigüedad.
-Finalmente, en aquellas capitales de provincia que fuesen sede de Colegio Notarial, se tendría que constituir un Archivo Histórico de Protocolos, dependiente de los citados Colegios.

A pesar de haber quedado en buena medida clarificado el tema, la publicación del Reglamento Notarial de 1944 suscitó de nuevo dudas al respecto, pues se entendió que esta disposición derogaba los Decretos de 1931 y 1932. Una situación de confusión que rápidamente quedó solventada gracias al Decreto de 2 de marzo del Reglamento Notarial de 1945. Texto fundamental en el que se contempló la creación, en las sedes de los Colegios Notariales y dentro de los Archivos Generales de Protocolos, de secciones históricas destinadas a recoger los protocolos con más de 100 años de antigüedad. Caso éste de Granada, ciudad en la que el Archivo Histórico de Protocolos tiene su sede, desde 1926, en el Palacio de los Franquis, sede asimismo del Iltre. Colegio Notarial de Granada.